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Los comparendos por alcoholemia pueden tener solución
Si, la normatividad procesal, constitucional y especifica en tránsito establecen procedimientos claros con el animo de proteger los derechos fundamentales de los Colombianos y cuando estos no se cumplen el comparendo debe ser anulado.
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Existen varios requisitos para la validez de un comparendo por alcoholemia cuando se impone por la supuesta negación del ciudadano a realizar la prueba, con el incumplimiento de algún parámetro, la multa no puede aplicarse.
De acuerdo con la Ley 769 de 2002, el infractor tiene la opción de solicitar una audiencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo por alcoholemia. Este es un espacio para que el infractor pueda presentar pruebas y argumentos ante un una autoridad de tránsito de la ciudad donde se impuso el comparendo. La solicitud de esta audiencia es crucial para el proceso de defensa y debe hacerse en el tiempo estipulado para evitar sanciones automáticas.
En Colombia, la legislación clasifica la embriaguez en distintos grados y establece sanciones específicas para cada uno. Según la Ley 1696 de 2013, las sanciones y grados son los siguientes:
Además, las reincidencias en la conducción bajo los efectos del alcohol aumentan significativamente las sanciones, incluyendo mayores multas y períodos de suspensión, así como la posible cancelación de la licencia de conducción. Negarse a realizar la prueba de alcoholemia también resulta en sanciones severas, equiparables a las del tercer grado de embriaguez con reincidencia por tercera vez equivalente a 1440 SMDLV, lo que incluye la suspensión de la licencia por un período 25 años dependiendo del contexto y las normativas locales.
En la audiencia, el infractor puede presentar diversas pruebas como testimonios de testigos, registros médicos que disputen los niveles de alcoholemia reportados, o evidencias que cuestionen la calibración y el funcionamiento adecuado del alcoholímetro usado. La eficacia de estas pruebas depende de su capacidad para contrarrestar la presunción de legalidad del comparendo.
No, no existen descuentos en multas por embriaguez una vez que han sido impuestas. La legislación colombiana no contempla reducciones parciales en el monto de las multas por embriaguez. Lo único posible es la anulación completa de la multa si, durante la audiencia de impugnación, se demuestra que la imposición de la multa fue ilegal o se realizó con un procedimiento indebido. Por tanto, el enfoque se centra en verificar la legalidad y corrección del proceso mediante el cual se impuso la sanción, no en negociar reducciones.
Si no se solicita la audiencia dentro de los cinco días hábiles, el comparendos por alcoholemia se vuelve firme y la multa debe ser pagada en su totalidad. Adicionalmente, no solicitar la audiencia implica que se renuncia a la posibilidad de disputar la multa y las sanciones asociadas, como la suspensión de la licencia de conducción, se aplicarán según lo estipulado por la ley.
Un abogado especializado en tránsito puede ser crucial para la defensa en la audiencia de impugnación. El abogado puede preparar y presentar argumentos legales sólidos, reunir y presentar pruebas adecuadas, y guiar al infractor a través de las complejidades del proceso administrativo. Su experiencia puede incrementar significativamente las probabilidades de un resultado favorable en la audiencia.
Si la impugnación en la audiencia inicial no resulta exitosa, el infractor tiene derecho a explorar vías adicionales para el restablecimiento de sus derechos. Una opción es la apelación ante instancias superiores dentro de la secretaría de tránsito. Si esto no resuelve la situación, el infractor puede recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, donde puede solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho. Este proceso implica demostrar que hubo violaciones a las normas legales o procedimentales en la imposición de la multa, buscando la anulación completa de la sanción.
En Colombia, el término de prescripción para las multas por embriaguez impuestas en el contexto de infracciones de tránsito es de tres años. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Si durante este período no se ha notificado al infractor sobre la multa o no se han iniciado acciones para su cobro, la obligación de pagar la multa prescribe. Sin embargo, es crucial que el infractor verifique si se han realizado actos administrativos dentro de este periodo que puedan interrumpir o suspender la prescripción.
En Colombia, si un ciudadano no paga una multa por embriaguez, las autoridades pueden iniciar un proceso de cobro coactivo administrado por la entidad de tránsito correspondiente. Este proceso permite la adopción de medidas como el embargo de bienes del infractor para asegurar el cumplimiento de la sanción impuesta. Los bienes susceptibles a embargo pueden incluir cuentas bancarias, salarios y otros ingresos, vehículos, y propiedades inmuebles. El proceso se lleva a cabo siguiendo procedimientos administrativos específicos, sin la intervención directa de un juez, pero bajo el marco legal que regula los cobros del estado.
En Colombia, la negativa de un conductor a someterse a la prueba de alcoholemia implica sanciones severas, establecidas para disuadir a los conductores de evitar la detección de su estado de embriaguez. Según la Ley 1696 de 2013, que modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010, las consecuencias para un conductor que se niegue a realizar la prueba incluyen una multa equivalente a la impuesta para el tercer grado de embriaguez, que asciende a 40 salarios mínimos legales diarios vigentes, y una suspensión de la licencia de conducción por 25 años.
Esta rigurosa penalización refleja la seriedad con la que las autoridades colombianas tratan la conducción bajo los efectos del alcohol, enfatizando la importancia de la cooperación con las pruebas de alcoholemia como un medio para garantizar la seguridad vial. Además, la negativa puede tener implicaciones adicionales si se combinan con otros factores agravantes, como accidentes de tránsito, que podrían llevar a sanciones aún más severas.
En Colombia, cuando un vehículo es inmovilizado debido a un caso de embriaguez del conductor, es importante entender que, aunque se impugne el comparendo, el vehículo debe permanecer en los patios por el tiempo estipulado por la autoridad de tránsito, independientemente del proceso legal en curso. Para recuperar el vehículo, el propietario o conductor debe primero cumplir con el periodo de inmovilización determinado, que varía según el grado de embriaguez detectado.
Una vez cumplido el periodo de inmovilización, el propietario debe acudir a la entidad de tránsito correspondiente con la documentación que acredite su identidad y propiedad del vehículo. No es necesario haber pagado la multa impuesta por la embriaguez para iniciar este trámite, especialmente si el comparendo está siendo impugnado. Sin embargo, es necesario presentar los recibos de pago por los costos de grúa y parqueadero, que son independientes de la multa por la infracción de tránsito.
Además, se debe verificar si hay requisitos adicionales impuestos por la entidad de tránsito, como la presentación de un curso de sensibilización sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas, dependiendo del caso específico y del grado de embriaguez. Una vez cumplidos todos estos requisitos, se podrá emitir una orden de salida que permitirá retirar el vehículo de los patios.
Durante el proceso de impugnación de un comparendo por embriaguez, la suspensión de la licencia de conducción impuesta como parte de la sanción inicial se mantiene en efecto hasta que se resuelva el caso. Esto significa que, aunque el comparendo esté siendo impugnado, el conductor no está autorizado a conducir, ya que la licencia sigue suspendida.
Esta medida busca asegurar la seguridad vial y prevenir que conductores potencialmente peligrosos estén en las vías mientras se determina la validez de la sanción impuesta. Es importante que el conductor tenga en cuenta que cualquier violación a la suspensión de la licencia puede resultar en sanciones adicionales y afectar negativamente el resultado del proceso de impugnación. Por lo tanto, es crucial respetar todas las disposiciones legales y esperar el veredicto final del proceso de impugnación antes de volver a conducir.
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